PENNSYLVANIA (Knowledge). Falta de alimentos en supermercados y almacenes, escasez de combustibles, despidos de trabajadores en diversas industrias, aumento de precios en productos de primera necesidad, baja en las ventas y merma en el turismo de fin de semana largo, retiro de depósitos bancarios, menor recaudación e incremento del riesgo país son algunas de las graves consecuencias de los 101 días que han durado las protestas del sector agrícola argentino ante el anuncio del aumento de los impuestos a las exportaciones del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Todo comenzó el 11 de marzo cuando el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, presentó un nuevo esquema de impuestos que subía la alícuota de un 35% fijo de retenciones a las exportaciones agrícolas, a un 44% móviles según fluctuaran los precios internacionales de los distintos commodities (soja, trigo, etc.). Este impuesto le significaba al Estado una recaudación extra de unos 2.300 millones de dólares.
Tal y como explica en su blog el profesor del IE Business School, Rafael Pampillón, Argentina ha crecido muy rápidamente, más del 8% al año desde 2003, principalmente como resultado de la subida de los precios mundiales de las materias primas.
“El Gobierno ha querido romper la gallina de los huevos de oro poniendo un impuesto muy elevado a la exportación de soja”, escribe.
Como nunca antes había sucedido, las cuatro entidades que representan a quienes se dedican a las actividades rurales (Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina y Coninagro), se unieron para levantar una sola voz de protesta mediante unos 300 cortes de carreteras a lo largo del país.
Pero a pesar de que el ministro de Economía presentó su dimisión, y se realizaron distintas reuniones de las entidades agrarias con la presidenta y su gabinete, el Gobierno se negó rotundamente a cambiar de postura.
n opinión de Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, “el tema pasa por el deseo del Gobierno de aumentar el superávit fiscal, de aumentar el control de lo que ellos llaman la caja, es decir, el dinero que recaudan directamente y gastan sin ningún tipo de control por parte del parlamento y otras instancias internacionales.
Esto ha llevado a un conflicto que prácticamente ya ocupa la mitad del mandato de la presidencia de Cristina Kirchner”. Malamud explica que se trata de “una situación bastante insólita en la cual el Gobierno en vez de negociar con las partes implicadas ha optado por redoblar la apuesta y por dirimir esto no en términos institucionales y políticos, sino como una cuestión de mero poder”.
Por eso, los trabajadores del campo también han recibido el apoyo de los ciudadanos de las principales ciudades de Argentina a través de cacerolazos. Acorralada por la presión de los cortes de rutas y del reclamo de la sociedad por un diálogo más abierto, la administración de Cristina Kirchner decidió entonces enviar el proyecto de retenciones al Congreso para que los legisladores tomen la decisión final.
Si bien las entidades agrarias terminaron con las medidas de protesta, la crisis está lejos de solucionarse y hay dudas sobre qué es lo que votarán los diputados y senadores de las distintas provincias.
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