"(...) La Presidente de la Nación puntualizó que la deuda pública “en el 2002 significaba el 166% de nuestro PBI; hoy significa el 41,8%”. Resaltó que la deuda pública del sector privado en moneda privada ha bajado del 92% del PBI al 9,6%. A partir del pago del Boden 2012, esa suma descenderá al 8,4% del PBI. (...)
También recordó que en 2002 “casi el 22% de los recursos tributarios estaba destinado al pago de la deuda; hoy es del 6%”. Asimismo, resaltó el desendeudamiento provincial, cuyo nivel de deuda bajó “de un casi 22% en 2002 a un 6,9 en 2011”. “La deuda pública total en manos de privados, nacionales o extranjeros, en 2002 era del 124%, hoy es apenas del 12%. La mayor parte es deuda intra sector público”, enfatizó. (...)",
La cancelación de los BODEN 2012 fue presentada –como ocurrió con la estatización de los ahorros previsionales, la apropiación de reservas del Banco Central y la confiscación de las empresas privatizadas– como otro eslabón en el proceso de desendeudamiento.
La realidad es que la deuda pública nacional registrada todavía es superior a la de la década de los ’90 y la contabilidad pública no registra una gran cantidad de nuevos pasivos. Por eso, no es exagerado afirmar que el futuro está fuertemente condicionado por los compromisos que de forma muy poco prudente se están acumulando en estos años.
Los BODEN 2012 fueron emitidos en el año 2002 para pagar el aumento de la deuda pública generado por la salida de la convertibilidad. Estos títulos públicos se fueron cancelando en cuotas anuales. La particularidad es que el pago de la última cuota fue promocionado enfáticamente como un nuevo paso en la política de desendeudamiento que se viene instrumentando en la última década.
No es la primera vez que se usa la argumentación del desendeudamiento para justificar acciones ejecutadas por el Estado nacional. Con similar énfasis se justificó la eliminación del régimen de capitalización previsional, la estatización de los ahorros previsionales, la creación del Fondo del Bicentenario para apropiarse de las reservas del Banco Central y las estatizaciones de las empresas privatizadas.
La pregunta que cabe hacerse es si realmente se está ante una disminución de la deuda pública. La Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía mide parte de los pasivos que acumula el Estado nacional y según esta fuente se observa que:
> Entre los años 1993 y 2001, la deuda pública nacional fue –en promedio– el 39% del PBI.
> En el año 2002, con la salida de la convertibilidad, el default, la pesificación asimétrica y la brusca caída de la producción, la deuda pública subió hasta 166% del PBI.
> En el año 2011, la deuda pública del Estado nacional descendió a 45% del PBI de los cuales 42% es deuda regularizada y 3% del PBI es deuda todavía en default que no entró a los canjes.
Los datos oficiales muestran que el nivel de endeudamiento del sector público nacional disminuyó con respecto al muy alto nivel alcanzado en el año 2002, pero sigue estando por encima del promedio observado en la década de los ’90. Esto ocurre aun cuando el crecimiento en los recursos que dispone el sector público es muy alto debido a la inéditamente elevada presión impositiva y un contexto de fuerte aumento en el PBI.
Resulta muy significativo que US$ 11.000 millones de deuda todavía permanezcan en estado de default. Luego de dos canjes de bonos, donde se lograron imponer importantes quitas, todavía no se ha logrado regularizar la situación crediticia de la Nación.
La principal consecuencia para la Argentina es que su acceso al crédito voluntario es muy limitado.
Por eso, el Estado Nacional no tiene otro remedio que endeudarse con otros organismos de la administración pública. Un testimonio concreto es el pago del BODEN, que debe hacerse con las reservas internacionales, o sea, con créditos otorgados por el Banco Central.
Pero lo más preocupante son los pasivos ocultos del sector público nacional. En materia previsional se destacan los cientos de miles de juicios por no respetar la movilidad y los compromisos asumidos con los 2,6 millones de personas que obtuvieron una jubilación sin haber hecho aportes a través de las moratorias. La degradación del sistema estadístico público impide hacer cálculos precisos, pero seguramente entre ambos compromisos se acumulan 10% de PBI adicionales de deuda.
La contabilidad pública tampoco registra los pasivos asumidos como consecuencia de la estatización de empresas. Entre las más gravosas para el erario público se destacan YPF, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas. Sólo YPF implica una demanda, por parte de sus propietarios españoles, por otros US$ 10.000 millones o sea otros 3% del PBI. También habría que contemplar la masiva incorporación de empleados públicos para satisfacer intereses políticos o personales.
La única deuda que se reduce es la voluntaria. Esto se comprueba con el limitado acceso al crédito que sufre la Argentina. En paralelo, es creciente la acumulación de pasivos no registrados. Aquí se inscriben las deudas previsionales, las estatizaciones impagas y el aumento del empleo público espurio.
Así, la deuda pública supera con creces el 50% del PBI. Los problemas se explicitarán cuando no se pueda seguir dilatando el pago de los juicios y haya que indemnizar a los empleados públicos que no cumplen funciones.
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