En medio del escándalo de sospechas por coimas a diputados bonaerenses para que den quórum en la sesión por el aumento de impuestos rurales, el gobernador pretende mostrarse abierto al diálogo con los productores rurales afectados por el revalúo de las tierras decretado el jueves pasado por el mandatario y la reforma impositiva que el mismo día sancionó la Legislatura.
Es que el pedido de fijar el decreto vino desde la Rosada y él sabe que deberá pagar ese costo político, pero busca bajarlo respecto del campo. La estrategia del exmotonauta es la de aparecer como víctima de las imposiciones del gobierno central, necesarias para estabilizar las cuentas de la administración bonaerense.
Por eso, Scioli volvió a aclarar que la medida sólo afecta a quienes tienen grandes extensiones de tierra y que no regirá para aquellos productores cuyos campos se encuentren afectados por las inundaciones.
Además, en el afán de suavizar la situación, un día después de la sesión, el ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, dispuso la declaración de emergencia hídrica para 19 distritos del interior provincial que sufrieron inundaciones.
La emergencia hídrica fue declarada para los partidos de Azul, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Alvear, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, 9 de Julio, Olavarría, Pehuajó, Rivadavia, Tapalqué, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.
Si bien desde el gobierno presentan la medida como un gesto de concordia hacia el campo para atenuar el paro, lo cierto es que no tendrá un impacto inmediato sobre lo que ahora más inquieta a los productores rurales: el revalúo impositivo y el consecuente aumento de impuestos, tanto provinciales como nacionales.
Scioli, además, le encargó al ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, que mantuviera abierto el diálogo con los productores rurales. Pero desde el jueves último no hubo contactos entre funcionarios del gobierno y las entidades de la Mesa Agropecuaria provincial, según dijeron a La Nación representantes de Carbap y la Sociedad Rural Argentina.
En cambio, Arrieta sí se reunió con intendentes para "bajarles" la explicación oficial sobre los efectos de la normativa en el campo.
Los ruralistas, mientras tanto, continuaron ayer con el paro de comercialización de granos y hacienda en la provincia de Buenos Aires que iniciaron el sábado, que incluyó concentraciones a los costados de las rutas en Chacabuco, Azul, Lobos, Guaminí, Pergamino, Tandil, Dolores, Chascomús, Junín, Arrecifes, Saladillo, Chivilcoy y otros distritos del interior provincial.
Detuvieron los camiones cargados de granos o ganado, pero dejaron pasar a los que transportaban leche y verduras. Y mañana tendrá lugar una reunión decisiva: la de la Mesa de Enlace del sector rural, que podría definir una extensión del paro del campo a todo el país
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