Hay que eliminar los

derechos de exportación
Por Arturo Navarro

El próximo 24 de agosto vencen1.900 leyes delegadas al Poder Ejecutivo desde 1974. Los diputados y senadores, por falta de coraje o por conveniencia política, según la circunstancia, fueron renovando dichas delegaciones con el re manido argumento de la emergencia económica.

Consecuencia de esas actitudes es la situación actual, la más grave para una democracia: que no funcione la división de poderes. En los próximos 30 días los legisladores tienen la gran oportunidad de revertir esta situación para poder empezar a reconstituir una gestión republicana de gobierno que nos permita remontar la actual decadencia argentina.

Entre dichas funciones delegadas está el código aduanero, que es el que permitió fijar derechos de exportación en forma discrecional e intempestiva. Si esta atribución vuelve al ámbito parlamentario, ningún funcionario se podrá ya arrogar la potestad de decretar que hay ganancia extraordinaria de oficio y captar esa supuesta plusvalía, fijando el impuesto más distorsivo para el desarrollo geopolítico del país.

El impuesto a las ganancias al ser progresivo es el más justo para grabar las actividades de todos los ciudadanos y los pequeños productores no pagarían. En agosto nuestros representantes tienen la oportunidad de fijar posición sobre los derechos de exportación, si es que quieren terminar con la discriminación entre los diferentes sectores de la economía, entre las distintas regiones del país y sus habitantes. Su eliminación nos permitirá cumplir con una de las principales normas fijadas por la Organización Mundial de Comercio, a la que también adhiere el MERCOSUR: la que sostiene que las exportaciones no deben grabarse con impuestos.

La propuesta de la Federación Agraria Argentina, que avala los derechos de exportación con segmentación, desconoce, por empezar, el reclamo de la mayoría de los productores y de todas las fuerzas vivas del interior. Desconoce también el documento presentado por la Comisión de Enlace en marzo del 2009, en Córdoba.

Y pone en juego la precaria unidad de las entidades, vaciadas de contenido programático en conjunto, de visión, de misión y de una estrategia planificada para el mediano y largo plazo, que permita orientar a sus representados en un solo proyecto agropecuario y agroindustrial, que no tiene por qué ser por unanimidad.

Con estas propuestas siguen confundiendo a los pequeños productores con recetas de intervención del estado en el negocio empresario, que ya mostraron su fracaso. Parece que todavía no asumieron que no se debe cobrar un impuesto sobre la venta bruta que es confiscatorio y anticonstitucional.

¿Cómo se puede proponer cobrarle un impuesto al productor chico y alejado del puerto, que está perdiendo plata, con el argumento de que se lo van a devolver después con lo retenido por los derechos de exportación, cosa que nunca será ecuánime y siempre genera corrupción?

Por todos estos argumentos, los productores, independientemente de la entidad a la que pertenecieran, vienen reclamando desde marzo de 2008 la eliminación de los derechos de exportación para poder recuperar el derecho la libertad, a la dignidad, al federalismo fiscal y a la independencia política de los dirigentes del interior..........