CARBAP y la coparticipación
de las retenciones
de las retenciones
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresa su preocupación por el proyecto de ley que promueve la coparticipación de las retenciones a las exportaciones cerealeras puesto que “consolidaría” la permanencia de un sistema que en su momento fue establecido para afrontar la emergencia económica que atravesaba el país.
Tiene un fundamento real: el drenaje de ingresos a favor de la Nación y tiene un fundamento falaz: el que dice que servirá para “paliar” el perjuicio por monocultivo, y otro peligroso y de carácter ideológico: el reparto de la riqueza basado en la pobreza.
El drenaje de recursos lo podrían haber frenado y aún hoy lo pueden hacer los legisladores, si ejercen su potestad constitucional de legislar sobre impuestos a las exportaciones (art. 4, art. 75 inciso 1 y concordantes de la Constitución Nacional) en vez de habérselo delegado al Poder Ejecutivo. Incluso podrían ya proyectar la modificación del Código Aduanero, en los artículos que delegan en el Ejecutivo ese tema y el de las herramientas de manejo del mercado externo en función del interno. De ese modo se terminaría la transferencia de ingresos del interior al Poder Central. El autor del proyecto bien podría abocarse a eso, en vez de pedir el reparto de fondos recaudados.
El suelo no se protege con dinero que regrese a las arcas Provinciales para uso indiscriminado, sino con políticas productivas que eviten cualquier monocultivo por razones económicas (no de especificidad del clima y suelo);con programas de financiación alternativos y, con programas de protección y recomposición de la fertilidad basados en “incentivos” (no en prohibiciones) que bien podrían financiar las Provincias si no sufrieran la expoliación de las retenciones (pero no pidiendo que se las entreguen, y menos sin destino a la recomposición del suelo).
La pobreza no se corrige con reparto sino con trabajo y producción. El reparto puede admitirse solo como caso extremo, urgente, parcial y breve, mientras en la Argentina es todo lo contrario. El legislador bien podría ocuparse de proponer políticas productivas a largo plazo, en vez de reclamar ingresos fiscales “mientras existan” (mientras estén vigentes los derechos de exportación, según su propio proyecto dice) y consolidando con su propuesta la permanencia de un gravamen recesivo, retrógrado, antiproductivo.
Tiene un fundamento real: el drenaje de ingresos a favor de la Nación y tiene un fundamento falaz: el que dice que servirá para “paliar” el perjuicio por monocultivo, y otro peligroso y de carácter ideológico: el reparto de la riqueza basado en la pobreza.
El drenaje de recursos lo podrían haber frenado y aún hoy lo pueden hacer los legisladores, si ejercen su potestad constitucional de legislar sobre impuestos a las exportaciones (art. 4, art. 75 inciso 1 y concordantes de la Constitución Nacional) en vez de habérselo delegado al Poder Ejecutivo. Incluso podrían ya proyectar la modificación del Código Aduanero, en los artículos que delegan en el Ejecutivo ese tema y el de las herramientas de manejo del mercado externo en función del interno. De ese modo se terminaría la transferencia de ingresos del interior al Poder Central. El autor del proyecto bien podría abocarse a eso, en vez de pedir el reparto de fondos recaudados.
El suelo no se protege con dinero que regrese a las arcas Provinciales para uso indiscriminado, sino con políticas productivas que eviten cualquier monocultivo por razones económicas (no de especificidad del clima y suelo);con programas de financiación alternativos y, con programas de protección y recomposición de la fertilidad basados en “incentivos” (no en prohibiciones) que bien podrían financiar las Provincias si no sufrieran la expoliación de las retenciones (pero no pidiendo que se las entreguen, y menos sin destino a la recomposición del suelo).
La pobreza no se corrige con reparto sino con trabajo y producción. El reparto puede admitirse solo como caso extremo, urgente, parcial y breve, mientras en la Argentina es todo lo contrario. El legislador bien podría ocuparse de proponer políticas productivas a largo plazo, en vez de reclamar ingresos fiscales “mientras existan” (mientras estén vigentes los derechos de exportación, según su propio proyecto dice) y consolidando con su propuesta la permanencia de un gravamen recesivo, retrógrado, antiproductivo.
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